TSJ-Objeto de la prueba (I)

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO.

En el juicio por cumplimiento de contrato de seguros seguido por GUAYANA MARINE SERVICE C.A. y LLOYD AVIATION C.A., representados por los abogados Juan Carlos Trivella, Rahyza Peña, Felix Roland Mathies, Marco Antonio Colmenares, Jesús Armando García y Benjamín Klahr, contra SEGUROS LA METROPOLITANA S.A., representada por los abogados Salvador Yannuzzi, Silvia Bselis y Fanny Salermo y ante este Alto Tribunal, por Jaime Heli Pirela Ruz, Alexandra Álvarez Medina y Astrid Morales Méndez; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia el día 30 de octubre de 2002 mediante la cual declaró “sin lugar la apelación ejercida por la parte actora, en contra de la decisión definitiva de fecha 21 de mayo del mismo año, dictada por el Juzgado Itinerante (sic) del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por la cual se declaró la Caducidad de la pretensión ejercida”. De esta manera, modificó la decisión apelada y declaró sin lugar la demanda propuesta, conforme a los artículos 12, 254 y 507 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no se comprobó la ocurrencia del siniestro.
Contra la referida decisión de la alzada los actores anunciaron recurso de casación, el cual fue admitido por el juez de la recurrida mediante auto de fecha 6 de diciembre de 2002, y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación, y cumplidas las demás formalidades, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

I

De conformidad con el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncian los recurrentes la infracción de los artículos 397 del Código de Procedimiento Civil por falsa aplicación y 482 eiusdem por falta de aplicación, por cuanto el juez superior declaró sin lugar la demanda de cumplimiento de contrato de seguro, al considerar que el siniestro no quedó comprobado en el proceso.
Plantean los formalizantes, que hay en el expediente abundante material probatorio que acredita que sí aconteció el siniestro, pero ocurrió que el juez silenció las pruebas que acreditaban ese hecho, entre los que figuran siete testigos promovidos en el año 1995, los cuales fueron desechados por la alzada aplicando unos requisitos para la promoción de la prueba testifical que aparecieron por primera vez en una jurisprudencia dictada por esta misma Sala en el año 2001, sin tomar en consideración que dicha prueba es importante para las resultas del juicio, ya que entre los testigos desechados se encuentra el piloto de la aeronave Paolo Carossi y varios de sus tripulantes.
Indican los formalizantes, que la recurrida estableció en la sentencia que la parte actora en su escrito de pruebas promovió los testigos Paolo Carossi, Edgar Inojosa, Remy Pasternoster, Renato Gobo, José Montelongo, Otto Hohn y Feliciano Ibarra, pero luego consideró que “...en su promoción no se indicó el objeto de la declaración de los testigos, en tal razón y conforme al criterio acerca del objeto de la prueba establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 16 de noviembre de 2001 (...) es imposible el análisis y valoración de la prueba de testigo no promovida en forma correcta. Así se decide...”.
No obstante lo anterior, alegan los formalizantes que promovieron la prueba testifical el día 14 de junio de 1995 y que para esa época el único requisito exigido era la presentación de la lista de los que debían declarar con expresión del domicilio de cada uno de ellos, de conformidad con el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil; además, que en esa época señalar el objeto de la prueba testifical era todavía menos importante, porque su legalidad y pertinencia se controlaba en el momento de su evacuación, es decir, cuando el promovente formulaba la pregunta.
Manifiestan que el criterio del objeto de la prueba se estableció seis años después de haber promovido a los testigos en el presente juicio, lo que les permite deducir que lo hicieron con base a los criterios imperantes para la época, y muy particularmente, de acuerdo con la doctrina sentada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; y, para ese entonces estaba fuera de su alcance prever que ocurriría un cambio de doctrina seis años más tarde sobre el particular y mucho menos que le sería aplicado retroactivamente para desecharle las probanzas más importantes del pleito.
Por lo expuesto, denuncian que el juez superior aplicó falsamente el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto según la doctrina vigente para el año 1995 no imperaba el criterio respecto a la indicación del objeto de la prueba de testigos en el escrito de promoción. Asimismo, denuncian que el juez debió aplicar el artículo 482 del mismo Código y no lo hizo, a pesar de que la norma regula los únicos requisitos exigidos en el año 1995 para la promoción de los testigos, es decir, su nombre, apellido y domicilio.
Por último, señalan que las infracciones denunciadas fueron decisivas en la suerte del fallo, porque si el juez no hubiese desechado la promoción de esos testigos, hubiese tenido que declarar con lugar la demanda, al haber quedado demostrado el siniestro de la aeronave.
Para decidir la Sala observa:
Los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Civil, regulan algunos aspectos relacionados con la promoción y admisión de las pruebas, los cuales establecen respectivamente:
“Artículo 397.- Dentro de los tres días siguientes al término de la promoción, cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los hechos.

Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes”.

“Artículo 398.- Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo anterior, el Juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que son legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el Juez ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes”.

En interpretación y aplicación de estas normas, esta Sala en sentencia de fecha 16 de noviembre de 2001, caso: Cedel Mercado de Capitales C.A. contra Microsoft Corporation, dejó sentado:
“…Es fácil comprender cómo, para que la parte pueda manifestar si conviene o no con los hechos que su contrario trata de probar y para que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo a las partes se hayan indicado de manera expresa y sin duda de ningún tipo, los hechos que pretenden demostrar con cada medio de prueba promovido.

Además, es la única manera de garantizar el cumplimiento de los deberes de lealtad y probidad procesales impuestos a las partes al impedir de esa manera que el contrario del promovente y el propio tribunal sean sorprendidos al utilizar un determinado medio probatorio para verificar hechos diferentes a los que ellos creyeron cuando se promovió…

Esta circunstancia ha sido recogida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en sentencia de fecha 8 de junio del año en curso sostuvo lo siguiente:

“...La Sala Plena Accidental advierte que el querellante indicó los hechos que a su juicio constituyen los delitos de malversación específica o sobregiro presupuestario y tráfico de influencias. Sin embargo, se limitó a enunciar las pruebas que a su juicio evidencian la comisión de tales hechos punibles, sin indicar el contenido de ellas y lo que demuestran. Al respecto, el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Doctor JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, ha expresado lo siguiente:

“Sólo expresando con precisión lo que se quiere probar con el medio que se ofrece, puede el Juez decidir si dicho objeto es o no manifiestamente impertinente, y por ello (sic) el Código de Procedimiento Civil (sic) de manera puntual requirió la mención del objeto del medio en varias normas particulares (arts. 502, 503, 505, 451, 433 y 472) y en forma general en el artículo 397, quedando exceptuados de dicha carga al promoverse la prueba: las posiciones juradas y los testigos, donde el objeto se señalará al momento de la evacuación. Todas estas normas buscan una mejor marcha del proceso, tratan de precisar lo pertinente, tratan de evitar que el Juez tenga que realizar la labor de valoración que le impone el art. 509 del CPC, sobre medios que por inadmisibles no se les ha debido dar entrada.
Pero la realidad ha resultado distinta a la que previno el CPC. A diario vemos en los Tribunales como se promueven medios sin señalarles que se quiere probar con ellos, (sic) y los Jueces los admiten. Es corriente leer escritos donde se dice ‘Promuevo documentos (públicos o privados) marcados A, B y C’, sin señalar que se va a probar con ellos (sic); o promuevo foto, inspección judicial, etc., sin indicar que se pretende aportar fácticamente al juicio, y que a pesar de que contrarían al art. 397 en la forma de ofrecerlos, a tales medios se les da curso”... (XXII JORNADAS “J.M. DOMÍNGUEZ ESCOVAR”. Derecho Procesal Civil [EL C.P.C. DIEZ AÑOS DESPUÉS], Pág. 247).

Igualmente, ha sostenido el Magistrado Cabrera Romero en su obra “Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre” Tomo I, lo siguiente:

“...En la mayoría de los medios de prueba, el promovente, al momento de anunciarlos, debe indicar que hechos trata de probar con ellos, por lo que resulta fácil comparar lo que se pretende probar, con los hechos alegados controvertidos y por tanto, calificar o no la pertinencia o la impertinencia manifiesta. Por tratar el objeto de la prueba de afirmaciones sobre cuestiones fácticas que cursan en autos (hechos alegados en la demanda y la contestación), al juez le es atribuida la calificación oficiosa de la pertinencia, medie o no oposición formal, lo que decidirá en el auto de admisión o negativa de prueba, que se dicta como consecuencia de la promoción.

Existen medios que pueden ser propuestos sin necesidad de señalar su objeto, tales como la confesión judicial, que se trata de provocar mediante posiciones juradas, y en el CPC de 1987, la prueba de testigos. Con ambos medios y otros semejantes, la oposición por impertinencia no funciona a priori y debe interponerse con motivo de la evacuación de la prueba, para que no se reciba toda ella o sectores de la misma. La oposición por esta causa queda diferida al instante de su evacuación...”

Esta Sala comparte los criterios expuestos por el citado autor, acogidos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, pero con el añadido que también en los casos de prueba de testigos y de confesión debe indicarse el objeto de ellas; es decir, los hechos que se tratan de probar con tales medios.

En efecto, sólo de esa manera se puede explicar el texto del artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, cuando señala que en el auto de admisión de las pruebas el Juez “…ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquéllos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes” (Subrayado de la Sala).

Lo anterior no significa que al momento de promover la prueba, el interesado deba dejar constancia detallada de las preguntas que formulará al testigo o a la contraparte sino que debe exponer la materia u objeto sobre la cual versará la declaración, permitiendo de esa manera saber si lo que trata de probar, con la prueba de testigos, es una obligación superior a dos mil bolívares o lo contrario a lo que contiene un documento público, o si la confesión versará sobre hechos pertinentes de los cuales la parte tenga conocimiento personal o si se trata de hechos realizados por el apoderado en nombre de su poderdante.

Si no se cumple con este requisito no existirá prueba válidamente promovida, hecho que se equipara al defecto u omisión de promoción de prueba…”. (Negrilla de la Sala).

De conformidad con el precedente jurisprudencial citado, los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Civil exigen el cumplimiento de la forma procesal relacionada con la indicación del objeto de la prueba, con el propósito de permitir que la parte no promovente conozca qué hechos pretende probar su contraria, para determinar su pertinencia con aquellos que forman parte de la controversia. Asimismo, el citado criterio establece que de ser incumplida esa forma procesal la prueba es irregular e ineficaz, e indica de forma expresa que ese criterio es aplicable también respecto de los testigos y de las posiciones juradas.

No obstante, esta Sala considera necesario flexibilizar esta doctrina, por cuanto las pruebas constituyen el instrumento de las partes para llevar la verdad al proceso y ello es presupuesto necesario para el alcance del fin último de la función jurisdiccional: la realización de la justicia. En atención a ello deja establecido:
El propio legislador excluyó el cumplimiento de este requisito de determinación del objeto de la prueba respecto de alguna de ellas en particular, como son las testimoniales y las posiciones juradas, en relación con las cuales previó la facultad de cuestionar y declarar la manifiesta impertinencia en el mismo acto de evacuación de la prueba, e incluso en la propia sentencia de mérito. Un ejemplo de ello está expresado en el artículo 410 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:

Las posiciones deben ser concernientes a los hechos controvertidos. En caso de reclamación por impertinencia de alguna pregunta, el Juez puede eximir al absolvente de contestarla. En todo caso, el Juez no tomará en cuenta en la sentencia definitiva, aquellas contestaciones que versen sobre hechos impertinentes”.



Ello encuentra justificación en la necesidad de lograr una formación espontánea y sincera en la prueba, pues a la par de la exigencia del juramento, está presente la sorpresa de la pregunta para evitar anticipar y preparar la respuesta. Por la misma razón, el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil exige que el acto de promoción de la prueba de testigo consista en la presentación al tribunal de la lista de los declarantes, con expresión del domicilio, norma esta que por ser especial es de aplicación preferente a la general contenida en los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Civil.


Ese fue precisamente uno de los cambios significativos logrados en la última reforma del Código de Procedimiento Civil, en el cual se exigía al promovente la presentación del interrogatorio y ello favorecía la preparación de las respuestas y la manipulación de la verdad.

Los referidos artículos 382 y 410 del Código de Procedimiento Civil constituyen claros ejemplos de los supuestos en que por voluntad de legislador el control sobre la manifiesta impertinencia de la prueba con los hechos discutidos, tanto por las partes como por el juez, queda diferida para la oportunidad de evacuación de la prueba, o luego de su incorporación, en cuyo caso no es aplicable el requisito de especificación del objeto de la prueba.
Este criterio ha sido explicado en forma clara y precisa por el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, quien ha señalado que este requisito “…sufre excepciones cuando se proponen unas posiciones juradas o una testimonial…”, pues en esos casos “…el Legislador ha considerado que la pertinencia puede ser calificada después de enterada la prueba en autos. Es más, es la recepción la que permite calificar la pertinencia, ya que son las preguntas a las partes o a los testigos, las que van hacer conocer la relación entre el medio y los hechos controvertidos…”, posición esta que ha sido acogida por la Sala Plena en sentencia de fecha 30 de mayo de 2000, caso: Enjuiciamiento de Mérito de Luis Miquelena.
Asimismo, ese criterio fue asumido por la Sala Constitucional, entre otras, en decisión de fecha 27 de febrero de 2003, caso: Maritza Herrera de Molina y otro, en la cual dejó sentado que “…a todo medio de prueba hay que señalarle al ofrecerlo, cuáles son los hechos que con ellos se pretende probar. De este sistema sólo escapan los testimonios y la confesión que se trata de provocar mediante las posiciones juradas…”.
Ahora bien, esta Sala de Casación Civil comparte y acoge ese pronunciamiento expuesto por las otras Salas de este Tribunal Supremo, razón por la cual abandona el precedente jurisprudencial establecido en sentencia de fecha 16 de noviembre de 2001, caso: Cedel Mercado de Capitales C.A. contra Microsoft Corporation, y establece que las testimoniales y las posiciones juradas están exceptuados del requisito de indicación del objeto de la prueba en el acto de su promoción, por cuanto la voluntad expresada por el legislador es que la oposición por manifiesta impertinencia debe ser ejercida después de enterada la prueba en autos.
Por otra parte y respecto del resto de las pruebas, la Sala presenta especial preocupación por haber observado en las actuaciones cumplidas ante este Tribunal Supremo, la frustración de las partes a quienes se les han desechado sus pruebas por el incumplimiento de este formalismo, a pesar de que la prueba ha sido admitida y adquirida por el proceso, y de su contenido resulta evidente la conexión entre los hechos que pretende trasladar al proceso y los controvertidos por las partes. Por esa razón, la Sala se permite hacer las siguientes reflexiones:
Toda forma procesal tiene por objeto regular las condiciones de modo, tiempo y lugar en que los actos deben ser practicados para garantizar un debido proceso y el derecho de defensa.
Uno de los cambios significativos de la última reforma del Código de Procedimiento Civil es la referida a la teoría de las nulidades procesales, que en sustitución del principio de la nulidad por la nulidad misma, incorporó el principio de utilidad en la reposición, con lo cual quedó implementada en nuestro ordenamiento jurídico la regla de que no basta el solo incumplimiento de la forma procesal, en que esté involucrado el interés privado e incluso el orden público, sino que es necesario que aquélla hubiese impedido al acto alcanzar su finalidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Además, el quebrantamiento u omisión de la forma procesal sólo podría ser declarado por la Sala, si resultase capaz de lesionar el derecho de defensa de las partes, de acuerdo con lo exigido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil.
De esta manera, el legislador perfila el orden del proceso y ordena al juez evitar la declaratoria de nulidad y reposiciones que no persiguen utilidad, lo que posteriormente encontró mayor asidero en normas de mayor jerarquía, pues los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prohíben al juez sacrificar la justifica por formas procesales, cuya declaratoria de quebrantamiento u omisión resulte inútil.
Estas normas constitucionales expresan la clara voluntad del constituyente de preservar a toda costa la justicia, por encima de cualquier formalidad no esencial en el proceso y la necesidad de que ésta se imparta sin dilaciones o reposiciones que en nada contribuyan al alcance de tal fin.
Sobre ese particular, la Sala Constitucional dejó sentado en decisión N° 708 de fecha 10 de mayo de 2001, caso: Jesús Montes de Oca Escalona y otra) lo siguiente:

“... el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados.

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles...”.

Es claro, pues, que el constituyente de 1999, acorde con las tendencias de otros países, consagró el derecho a una justicia accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, que en modo alguno puede ser sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, sino por el contrario dejó establecido que el proceso debe ser un instrumento fundamental para su realización.

Ello pone de manifiesto que la República Bolivariana de Venezuela constituye un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), cuyo ordenamiento jurídico garantiza un debido proceso expedito, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 y 257 eiusdem), en el que la justicia no debe ser sacrificada por formas procesales, cuyo incumplimiento no impidan alcanzar la finalidad prevista en la ley.

Ahora bien, los citados artículos 397 al 402 del Código de Procedimiento Civil, regulan algunos aspectos relacionados con la actividad de las partes y del juez sobre la promoción y admisión de las pruebas, las cuales forman parte de un conjunto mayor de normas destinadas también a la formación e incorporación de la prueba al expediente, todas ellas con el propósito de permitir un efectivo control y contradicción orientado a establecer su legalidad, pertinencia, credibilidad y autenticidad.

La Sala ha establecido que en particular los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Civil, persiguen evidenciar los hechos que se pretenden probar, para impedir una situación de inferioridad respecto del no promovente, quien estaría impedido de oponerse por no poder determinar cuál es el objeto de la prueba.
No obstante, cabe advertir que la impertinencia capaz de producir la inadmisibilidad de la prueba debe ser manifiesta o grosera.
Si bien es cierto que la indicación por el promovente de los hechos que pretende probar, facilita establecer la conexión entre éstos y los controvertidos, esa falta de expresión por sí sola no impide en todo los casos establecer esa relación, pues existen pruebas que incorporan de inmediato su objeto a los autos, como es el caso del documento, cuyo contenido podría evidenciar su conexión directa con los hechos discutidos.
Además, es oportuno indicar que en el supuesto de que el no promovente considere que la prueba no se baste por sí misma para lograr su relación con los hechos discutidos, el no promovente está facultado para oponerse a su admisión, y en definitiva para apelar del auto de admisión. En efecto, los artículos 399, 400 y 402 del Código de Procedimiento Civil, establecen respectivamente:
“Artículo 399.- Si el Juez no providenciare los escritos de prueba en el término que se le señala en el artículo anterior, incurrirá en una multa disciplinaria de quinientos a mil quinientos bolívares, que le impondrá el Superior de acuerdo con el artículo 27; y si no hubiere oposición de las partes a la admisión, éstas tendrán derecho a que se proceda a la evacuación de las pruebas, aun sin providencia de admisión.

Si hubiere oposición sobre la admisión de alguna prueba, no se procederá a evacuar ésta sin la correspondiente providencia”.

“Artículo 400.- Admitidas las pruebas, o dadas por admitidas conforme a los artículos precedentes, comenzarán a computarse los treinta días destinados a la evacuación…”.

“Artículo 402.- De la negativa y de la admisión de alguna prueba habrá lugar a apelación y ésta será oída en ambos casos en el solo efecto devolutivo.

Si la prueba negada fuere admitida por el Superior, el Tribunal de la causa fijará un plazo para su evacuación y concluido éste, se procederá como se indica en el artículo 511. Si la prueba fuere negada por el Superior, no se apreciará en la sentencia la prueba si hubiere sido evacuada”. (Negritas de la Sala).

Por tanto, es elección de la parte no promovente ejercer o no el derecho de oponerse a la admisión de la prueba, pues si considera que la falta de indicación del objeto le impide establecer la conexión directa entre los hechos que se pretenden probar y los discutidos, está facultado para oponerse, y en definitiva para apelar del auto de admisión de la prueba. En todo caso su inercia, evidencia que a pesar del incumplimiento de esa forma procesal, pudo conocer los hechos a probar y determinar su pertinencia y, por ende, cumplida la finalidad perseguida en la ley, es claro entender que si optó por no ejercer esos medios procesales, es porque consideró que no hubo lesión de su derecho de defensa.

Acorde con lo expuesto, el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil dispone que en el supuesto de que no haya oposición de las partes a la admisión, éstas tendrán derecho a que se proceda a la evacuación de las providencias, aun sin providencia de admisión.

No obstante, es necesario advertir que aún en el supuesto de inacción por las partes no promoventes, el juez está facultado para observar de oficio la inadmisibilidad de la prueba por manifiesta impertinencia, pues por tratarse de un concepto jurídico establecido en la ley, constituye una causal de derecho que debe ser conocida y examinada por el juez en virtud del principio iura novit curia.

En este sentido, el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera ha señalado que “…Tradicionalmente, en nuestro derecho procesal, dichas causas han sido la ilegalidad y la impertinencia, las cuales corresponden a conceptos jurídicos. Debido a esta última característica, el Juez puede suplir a las partes las causas de oposición, como aplicación del principio iura novit curia, ya que se trata de causales de derecho…”, con expresa indicación de que “…el Juez debe tomarlos en cuenta de oficio y ordenar o negar que se reciba la prueba en autos, independientemente de que haya habido o no oposición…”. (Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, Tomo I, p. 32 y 348).

Igualmente, la Sala Constitucional en sentencia del 27 de febrero de 2003 (caso: Maritza Herrera y otros), dejó sentado que “…pese a haberse admitido algunas que se consideraron procedentes en el lapso correspondiente, puedan ser desechadas en la decisión o apreciadas sólo parcialmente y, aquellas que no son admitidas, la parte no favorecida puede atacar el auto que las inadmite…”.

Aunado a ello, es necesario indicar que aún en la hipótesis de que el no promovente se oponga a la admisión, o ejerza apelación contra el auto de admisión de la prueba, el juez puede ponderar en cada caso si realmente la falta de indicación del objeto impide determinar la conexión directa entre los hechos que se pretenden probar y aquéllos discutidos en el proceso, pues solo cumplida esa circunstancia y verificada esa imposibilidad es que podría ser declarada su ineficacia.

Por consiguiente, la Sala atempera su criterio y deja sentado que admitida y adquirida la prueba en el proceso, bien por haberlo permitido las partes o por mandato del juez, la prueba escapa de la esfera dispositiva de las partes y pertenece al juzgador para el hallazgo de la verdad y la realización de la justicia, en cuyo caso éste deberá determinar si la forma procesal incumplida, esto es, la falta de indicación del objeto de la prueba, impidió alcanzar la finalidad prevista en la ley, es decir: su pertinencia con los hechos discutidos, pues si su contenido permite establecer la relación entre éstos, la prueba debe ser apreciada y no podrá ser declarada su nulidad, con pretexto en el incumplimiento de un formalismo que no impidió alcanzar la finalidad perseguida en la ley, siempre que no hubiese causado indefensión.

No puede esta Sala consentir que el fin supremo de la realización de la justicia se doblegue frente al incumplimiento de un formalismo procesal que no hubiese impedido el logro de la finalidad perseguida por el legislador ni hubiese causado indefensión, que en el caso concreto se refiere a la pertinencia de los hechos que se pretenden trasladar al proceso con los discutidos por las partes, pues ello atenta directamente contra los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Lo expuesto permite determinar que la falta de indicación del objeto de la prueba no causa por sí sola su nulidad, sino que en todo caso el juez debe determinar si ello impidió a la prueba demostrar su pertinencia, por cuanto una vez admitida y adquirida la prueba por el proceso, escapa de la esfera dispositiva de las partes y pertenece al juez para el hallazgo de la verdad y la realización de la justicia, en cuyo cumplimiento el sentenciador debe evaluar si la prueba no es capaz de permitir su conexión con los hechos controvertidos, pues si es evidente de su propio contenido, la pertinencia con los hechos discutidos, en definitiva resulta formalista y no acorde con los postulados constitucionales y legales, declarar su ineficacia.

Por las razones expuestas, la Sala atempera su doctrina relacionada con la indicación del objeto de la prueba, con expresa ratificación de que el cumplimiento de esa forma procesal en las instancias es necesaria sólo para denunciar en casación el vicio de silencio de prueba por el no promovente, pues ello constituye presupuesto indispensable para evidenciar el interés del formalizante en obtener el examen de la prueba y, por ende, su legitimación en casación para formular este tipo de denuncia, y en definitiva para determinar si la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, es capaz de influir en forma determinante en el dispositivo del fallo, lo que constituye requisito de procedencia del recurso de casación de las denuncias de infracción de ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

Por consiguiente, esta Sala estima necesario mantener la doctrina respecto de la indicación del objeto de la prueba en las instancias por parte del no promovente, como presupuesto necesario para evidenciar y razonar en casación su interés en alegar el vicio de silencio de la prueba, pues sólo en el supuesto de que ello pueda lograr un beneficio estará legitimado para su denuncia, lo que debe ser fundamentado en forma adecuada por el recurrente, y además la expresión del objeto de la prueba en las instancias por el recurrente en casación permite la determinación de la influencia del error cometido por el juez al silenciar la prueba, que sólo es capaz de producir la nulidad del fallo si es determinante en el dispositivo.

Este requisito no rige respecto del promovente, por cuanto el mismo acto de promoción implica la manifestación de su interés en que la prueba sea admitida, adquirida por el proceso y valorada por el juez.

Ahora bien, la sentencia dictada en fecha 16 de noviembre de 2001, en el juicio seguido por Cedel Mercado de Capitales, C.A., contra Microsoft Corporation, expediente N° 00-132, respecto de la legitimación para denunciar el vicio de silencio de prueba en casación dejó sentado:

“…por razones de economía procesal y en fundamento a la necesidad de la estabilidad de los procesos, la Sala considera que, la nulidad de la decisión recurrida no puede tener su causa en los errores de las partes, sino exclusivamente en aquellas faltas del tribunal que sean contrarias al orden público o perjudiquen los intereses de las partes litigantes, lo cual lleva a concluir a esta Sala, que la falta de indicación en la instancia por parte del recurrente no promovente del objeto perseguido con la prueba (...) ya sea en el acto de evacuación (...) o en informes -que constituye la última actuación de las partes donde se resumen sus pretensiones y contradicciones y señalan sucintamente al sentenciador la finalidad del acervo probatorio en que fundamentan sus intereses-, lleva a concluir a esta Sala que la parte recurrente no promovente carece de interés procesal para denunciar el silencio de pruebas en la declaración de la testimonial objeto de la denuncia.

Por consiguiente, al no señalar el recurrente en la instancia el objeto del medio probatorio que denuncia, la Sala no puede verificar el interés procesal del recurrente en su condición de parte agraviada por el acto para invalidar la decisión recurrida, por lo que considera que en fundamento a lo establecido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se estaría en presencia de una reposición inútil que atenta contra la celeridad del proceso. Así se decide.

La Sala reitera esa doctrina sólo en lo que respecta a la indicación del objeto de la prueba en las instancias a los efectos de demostrar el interés y legitimación para denunciar el vicio del silencio de prueba en casación por parte del no promovente, lo que no rige respecto del promovente, por cuanto el mismo acto de promoción implica la manifestación de su interés en que la prueba sea admitida, adquirida por el proceso y valorada por el juez.

Hechas estas consideraciones, la Sala observa que en el caso concreto el formalizante sostiene que para la fecha en que fueron promovidas las testimoniales no se exigía que al promover la prueba las partes debían indicar el objeto. Al mismo tiempo, plantea que al tratarse de la prueba de testigos, era todavía menos importante, porque la legalidad y pertinencia de esta prueba se controla en la pregunta y repregunta formulada; de manera, que al tener esta prueba oposición diferida no existe ninguna justificación para que se requiera que al promoverla se indique lo que se quiere probar con ella.
A fin de comprobar lo denunciado por los recurrentes, la Sala pasa a transcribir parte de la sentencia recurrida:

“...En el capítulo IV del escrito de promoción de pruebas de la parte actora, promovieron los siguientes testigos: PAOLO CAROSI, EDGAR INOJOSA, REMY PATERNÓSTER, RENATO GOBO, JOSÉ MONTELONGO, OTTO HONH, y del ciudadano FELICIANO IBARRA; prueba que en su promoción no se indicó el objeto de la declaración de los testigos mencionados, en tal razón y conforme al criterio acerca del objeto de la prueba, establecido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 16 de noviembre de 2001, por el cual se establece que cada vez que un juez valore las resultas de una prueba promovida sin señalar su objeto específico estará quebrantando su deber de decidir conforme a lo alegado y violando el principio de igualdad procesal por sacar elementos de convicción de fuera del proceso; lo que equivale a actuación inexistente y por ende ningún efecto puede producir; en tal razón al no ser promovida válidamente la prueba de testigos, lo que se equipara a falta de promoción es imposible el análisis y valoración de la prueba de testigos no promovida en forma correcta. Así se decide...”.

La presente transcripción evidencia que el juez de alzada dictó un pronunciamiento que no está ajustado a derecho, al establecer la falta de validez de las pruebas aportadas por la parte demandada por la sola circunstancia de que no fue indicado su objeto en el acto de promoción, a pesar de que este requisito no rige respecto de las pruebas testimoniales ni posiciones juradas.
Sobre el particular, la Sala reitera que el requisito de determinación del objeto en el acto de promoción de la prueba no rige respecto de las testimoniales ni las posiciones juradas, lo cual determina la procedencia de los alegatos de infracción de los artículos 397 y 482 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

II

La Sala pasa a analizar en conjunto las denuncias contenidas en los numerales II y III del escrito de formalización, en los cuales, de conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 320 del mismo Código, los recurrentes denuncian la infracción del artículo 509 eiusdem, por falta de aplicación.

Plantean los formalizantes, que el juez incurrió en el vicio de silencio de prueba al dejar de valorar el informe realizado por C.A. Venezolana de Ajustes (Caveajustes) y agregado por la demandada junto con la contestación de la demanda, en el cual se analiza el siniestro acaecido y sus causas.
Indican que el referido informe fue consignado por la propia demandada al proceso; por tanto, su contenido le es oponible desde el momento que lo incorpora al juicio, porque se supone que está de acuerdo con él.
Asimismo, plantean los recurrentes que el juez de alzada silenció las declaraciones de los testigos Abel Antonio Carrillo Arteaga, Félix Rafael Oliveros Sánchez, Larry Villaroel Moscoso, Juan Carlos Álvarez y Antonio Loreto, promovidos por los demandados en el proceso, error que es trascendente en la suerte de la controversia, dado que las declaraciones de dichos testigos demuestran la ocurrencia del siniestro de la aeronave.
La Sala para resolver observa:
El recurrente no fundamenta en modo alguno su interés en obtener el examen de estas pruebas promovidas por la otra parte, pues nada refiere respecto de su alegación en las instancias sobre el beneficio que podría obtener de ser éstas examinadas.
La Sala reitera que por razones de economía procesal y en fundamento a la necesidad de la estabilidad de los procesos, la nulidad de la decisión recurrida no puede tener su causa en los errores de las partes, sino exclusivamente en aquellas faltas del tribunal que perjudiquen los intereses de las partes litigantes.
La legitimación en casación de obtener el examen de una prueba promovida por la otra parte evidente de los actos de alegación y promoción llevado a cabo en las instancias, en que ello es pedido de forma expresa al juez, pues es claro que ese interés no va a surgir espontáneamente en casación, sino que de ser la prueba beneficiosa a la parte ésta pretenderá que sean fijados los hechos que la benefician.
Este presupuesto es necesario para que la Sala puede verificar el interés procesal del recurrente en su condición de parte agraviada por el acto para invalidar la decisión recurrida, ello respecto de los postulados establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que impiden la declaratoria de una casación que no persigue utilidad alguna.
Lo expuesto permite determinar que al no haber evidenciado el recurrente que hubiese manifestado en las instancias su voluntad de obtener algún beneficio de la prueba promovida por la otra parte, no puede pretender que esta Sala entre a juzgar los hechos que la prueba es capaz de demostrar para establecer su pertinencia con los discutidos y de esta forma determinar su interés procesal.
Por consiguiente, la Sala estima que no existe evidencia alguna de que el hoy recurrente en casación haya indicado en algún momento ante los jueces de instancia, el beneficio que esas pruebas arrojaban a su favor, tomando en consideración que las mismas fueron promovidas por su contraparte, ni que ello hubiese sido fundamento en el escrito de formalización, lo que impide a esta Sala determinar el interés del recurrente en denunciar el vicio de silencio de estas pruebas, lo cual determina la desestimación del alegato de infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

III

La Sala pasa a analizar en conjunto las denuncias contenidas en los capítulos IV y V del escrito de formalización, en los cuales, de conformidad con el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 320 del mismo Código, los recurrentes denuncian la infracción del artículo 509 eiusdem, por falta de aplicación,

Plantean los formalizantes, que el juez incurrió en el vicio de silencio de prueba, al dejar de valorar los siguientes instrumentos: 1) Documento de compraventa autenticado en la Notaría Pública Duodécima del Distrito Sucre del estado Miranda de fecha 28 de abril de 1989, protocolizado ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 2) Documento autenticado en la Notaría Pública Primera de Puerto Ordaz, Distrito Municipal Carona, estado Bolívar de fecha 18 de diciembre de 1989, donde consta que Guayana Marine Service C.A. dio en arrendamiento a término fijo a Lloyd Aviation C.A. y que ésta última se obliga a realizar todos los gatos de reparación y mantenimiento de la aeronave; 3) Fotocopia de la renovación del certificado de Aeronavegabilidad Nº 28.258 expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones correspondiente a la nave marca Augusta, año 1980, serial 7181, modelo A109A, donde se deja constancia que la aeronave fue inspeccionada y que se encuentra en condiciones aeronavegables; 4) Fotocopia del permiso de vuelo Nº 22.616 emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (documento público); 5) Fotocopia del certificado de aeronavegalidad Nº 28.258 (documento público); 6) Fotocopia de la cédula de identidad del ciudadano Paolo Carosi Carosi Nº 6.107.660 (documento público); 7) Fotocopia del certificado médico del ciudadano Paolo Carosi Carosi emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde consta que el piloto estaba en óptimas condiciones de salud (documento público); 8) Fotocopia de licencia de piloto de helicóptero comercial emanada del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (documento público); 9) Documentos privados constituidos por facturas emitidas por Orinoca Wing Air C.A. dirigidas a Lloyd Aviation C.A. por concepto de alquiler de aeronave Cessna 206 y honorarios profesionales de piloto para vuelo, y; 10) Documento privado constituido por una factura emitida por Servicios de Maquinaria Pesada Feliciano Ibarra dirigida a Lloyd Aviation por concepto de transporte de un helicóptero desde la vía Coposa hasta el Aeropuerto de Barquisimeto.
Asimismo, indican que el juez no examinó los documentos de permiso de aterrizaje y despegue, de solicitud y autorización para permisos de vuelos de prueba y, de permiso de vuelo local entrenamiento o prueba, los cuales fueron acompañados junto con los informes de primera instancia.

Aducen, que la infracción delatada fue determinante en el dispositivo del fallo, porque si el juez hubiese valorado las pruebas silenciadas no hubiese concluido que el siniestro objeto de la presente reclamación nunca ocurrió, lo que quiere decir que de haber sido valoradas las mismas habría quedado demostrado el siniestro de la aeronave.

La Sala para decidir observa:
Sostienen los formalizantes la falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, derivada de la ausencia de análisis de los documentos promovidos por los recurrentes en el capítulo II de su escrito de pruebas.
Los actores, en la oportunidad de promover las referidas pruebas, indicaron lo siguiente:

“...II

DOCUMENTALES

1. Promuevo documento de compra-venta, autenticado por ante la Notaría Pública Duodécima del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 28 de Abril de 1989, bajo el Nro 64, Tomo 75 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria, debidamente protocolizado por ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección General Sectorial de Transporte y Tránsito Aéreo, Dirección de Aeronáutica Civil, División de Aeronavegabilidad, Departamento de Registro Aéreo, en fecha 17 de Enero de 1990, inserto bajo el Nro 171, Tomo 25, Folio 341 del Protocolo A-25 de los Libros de Registro Aéreo de la República de Venezuela, donde consta que GUAYANA MARINE SERVICE C.A., es la única y exclusiva propietaria de la aeronave tipo helicóptero; marca: Augusta 109-A; serial: Nro 7181; modelo 109-A, Año de fabricación: 1980, Capacidad: 7 tripulantes incluido el piloto; matricula YV 601C, asegurada por la póliza de seguros CA/030.003 emitida por Seguros La Metropolitana, el cual fue acompañado al libelo marcado con la letra “E” en copia fotostática, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1.363 del Código Civil, como prueba del interés asegurable que tiene GUAYANA MARINE SERVICE C.A., sobre el bien asegurado.
2. Promuevo, documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Puerto Ordaz, Distrito Municipal Caroní, Estado Bolívar, Puerto Ordaz, en fecha 18 de Diciembre de 1989, bajo el Nro 77, Tomo 70, Folios 129 al 130 vto, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, posteriormente protocolizado por ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección Sectorial de Transporte y Tránsito Aéreo, Dirección de Aeronaútica Civil Civil, Dirección de Aeronavegabilidad, Departamento de Registro Aéreo, en fecha 17 de Enero de 1990, bajo el Nro 91, Tomo 2-B, folio 183 del Protocolo 2-B, donde consta que GUAYANA MARINE SERVICE C.A. dio en arrendamiento a término fijo prorrogable automáticamente por períodos iguales a Lloyd Aviation C.A. y esta última se obliga a realizar todos los gastos de reparación y mantenimiento de la ya identificada aeronave amparada por la póliza emitida por Seguros La Metropolitana, el cual fue acompañado al libelo en original, marcado con la letra “F”.
3. Promuevo, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en fotocopia, que acompaño al presente escrito marcado “C”, documento público, constituido por la renovación del Certificado de Aeronavegabilidad Nro 28.258, expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección de Aeronáutica Civil, División de Aeronavegabilidad, Departamento Técnico Aeronáutico, de fecha 02 de Abril de 1993 con validez hasta el 04 de Abril de 1994, correspondiente a la nave Marca: Augusta, Año: 1980, Serial: 7181, Modelo: A109A, donde se deja constancia que dicha aeronave, ha sido inspeccionada y se encuentra en condiciones aeronavegables, se cumplieron con todos los requisitos de mantenimiento, que fueron verificados los datos que aparecen en la solicitud y sus anexos, que se ajusta a las especificaciones directrices y boletines que allí se indican. Que los equipos electrónicos han sido mantenidos de acuerdo con las normas establecidas. Me reservo el derecho de producir el original.
4. Promuevo, en fotocopia que se acompaña marcada “D”, documento público, emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección General Sectorial de Tránsito Aéreo, Dirección de Aeronáutica Civil, División de Aeronavegabilidad, Registro Aéreo, constituido por CERTIFICADO DE MATRICULA NACIONAL, de fecha 18 de Abril de 1990, correspondiente a la aeronave matrícula YV-601C, Marca Augusta, Modelo A109A, año: 1980, Serial 7181, propiedad de Lloyd Aviation C.A.
5. Promuevo en fotocopia que se acompaña marcada “E”, documento público emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, Dirección de Aeronáutica Civil, División de Aeronavegabilidad, Registro Aéreo, constituido por el PERMISO DE VUELO Nro 22.616, de fecha 18 de Abril de 1990, correspondiente a la Aeronave, Marca Augusta SPA, Modelo: A109A, Año: 1980, Serial 7181, Clasificacióm Comercial, matricula YV-6010, donde se autoriza a la descrita aeronave a volar sobre el territorio nacional y aterrizar en los aeropuertos oficiales puestos al servicio público y en los privados previo consentimiento de sus propietarios, excluyéndose los vuelos sobre zonas prohibidas y zonas colindantes con las fronteras del país, salvo autorización previa.
6. Promuevo y acompaño en fotocopia marcada “F”, documento público, constituido por el CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD, Nro 28.258, de fecha 18 de Abril de 1990 con validez hasta el 04 de Abril de 1991, correspondiente a la ya tantas veces identificada aeronave, propiedad de GUAYANA MARINE SERVICE, con sus correspondientes renovaciones del 26 de Febrero de 1991 y 27 de Marzo de 1992, con validez hasta el 04 de Abril de 1993.
7. Promuevo y acompaño marcado “G”, en fotocopia, documento público constituido por la cédula de identidad del ciudadano PAOLO CAROSI CAROSI, titular de la cédula de identidad Nro 6.107.660.
8. Promuevo y acompaño marcado “H”, en fotocopia, documento público, constituido por certificado médico, emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección de Aeronáutica Civil, Departamento de Medicina Aeronáutica, correspondiente al ciudadano PAOLO CAROSI CAROSI, titular de la cédula de identidad Nro 6.107.660, de fecha 17 de Febrero de 1993, cuya validez duró hasta el 03 de Abril de 1994, donde consta que PAOLO CAROSI, estaba para ese período de tiempo en condiciones de salud aptas para ser piloto de aeronaves.
8. Promuevo y acompaño marcado con la letra “I”, en fotocopia, documento público, constituido por LICENCIA DE PILOTO DE HELICÓPTERO COMERCIAL, emanada del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección General Sectorial de Transporte y Tránsito Aéreo, Dirección de Aeronáutica Civil, correspondiente a PAOLO CAROSI CAROSI, titular de la cédula de identidad Nro 6.107.660, donde se evidencia que PAOLO CAROSI, estaba autorizado a pilotear helicópteros, entre otros, del tipo Augusta 109-A.
9. Promuevo y acompaño en originales, marcados “J” y “K”, instrumentos privados, constituidos por facturas emitidas por ORINOCO WING AIR C.A., sociedad mercantil domiciliada en ciudad Guayana, Estado Bolívar, dirigidas a Lloyd Aviation, de fechas 01 de Junio de 1993 y 04 de Mayo de 1993, respectivamente; la primera por un monto de 101.500,00, por concepto de Alquiler de Aeronave Cessna 206 y honorarios profesionales de piloto para vuelo a Barquisimeto, realizado el 28 de Mayo de 1993, llevando 2 pasajeros y carga a solicitud del contratante; y la segunda, por un monto de Bs. 101.480,00 por concepto de salir de Puerto Ordaz, a las 7:30 a.m., dirigiéndose a BARQUISIMETO, allí se esperó hasta que el contratante LLOYD AVIATION, dio la orden de regreso a Puerto Ordaz, 9:55 a.m. del 02 de Mayo de 1993...”. (Resaltado de la Sala)

Como se desprende de la transcripción anterior, los demandantes -a pesar de no utilizar expresiones como “cuyo objeto”- sí indicaron los hechos a probar con cada una de las pruebas, con excepción del documento público emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones constituido por certificación de matricula nacional; el certificado de aeronavegabilidad Nº 28.258, y la fotocopia de la cédula de identidad del ciudadano Paolo Carosi Carosi, donde los actores sólo se limitaron a señalar la prueba promovida.
Ahora bien, respecto de estas pruebas la sentencia recurrida en la parte pertinente estableció:
“...En fecha catorce (14) de junio del año mil novecientos noventa y cinco (1995) la ciudadana Abogada RAIZA PEÑA VILLAFRANCA, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, Sociedad Mercantil Guayana Marine Services C.A. y Lloyd Aviation C.A. consigna escrito de medios probatorios, en el cual rechaza y contradice la caducidad de la acción alegada por la parte demandada en el presente juicio, promoviendo los siguientes documentos:

a) Compraventa, autenticado por ante la Notaría Pública Duodécima del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 28 de Abril de 1989, debidamente protocolizado por ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección General Sectorial de Transporte y Tránsito Terrestre, Dirección de Aeronáutica Civil, División de Aeronavegabilidad y Departamento de Registro Aéreo;

b) Documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Puerto Ordaz, Distrito Municipal Caroní, Estado Bolívar Puerto Ordaz, en fecha 18/12/89, donde consta que GUAYANA MARINE SERVICE C.A. dio en arrendamiento a término fijo prorrogable automáticamente por períodos iguales a LLOYD AVIATION C.A. y que esta última se obliga a realizar todos los gastos de reparación y mantenimiento de la ya identificada aeronave amparada por la póliza emitida por Seguros La Metropolitana;

c) Fotocopia de la renovación del Certificado de Aeronavegabilidad Nº 28.258, expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, correspondiente a la nave Marca: Augusta, Año 1980, Serial 7181, Modelo: A109A, donde se deja constancia que dicha aeronave, ha sido inspeccionada y se encuentra en condiciones aeronavegables, que se cumplieron con todos los requisitos de mantenimiento, que fueron verificados los datos que aparecen en la solicitud y sus anexos;

d) Fotocopia del documento público emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones constituido por CERTIFICACIÓN DE MATRICULA NACIONAL;

e) Fotocopia del documento público emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones constituido por el PERMISO DE VUELO Nº 22.616;

f) Fotocopia por el CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD, Nro 28.258;

g) Fotocopia del documento público, constituido por la cédula de identidad del ciudadano PAOLO CAROSI CAROSI, titular de la cédula de identidad Nro 6.107.660;

h) Fotocopia del documento público constituido por certificado médico, emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones correspondiente al ciudadano PAOLO CAROSI CAROSI, donde consta que el antes mencionado ciudadano estaba para ese período en condiciones de salud aptas para ser piloto de aeronaves.

i) Fotocopia del documento público, constituido por LICENCIA DE PILOTO DE HELICÓPTERO COMERCIAL, emanada del Ministerio de Transporte y Comunicaciones;

j) y k) Originales de instrumentos privados constituidos por facturas emitidas por ORINOCO WING AIR C.A., dirigidas a LLOYD AVIATION, por concepto de alquiler de Aeronave Cessna 206 y honorarios profesionales de piloto para vuelo; y,

l) Documento privado constituido por factura emitida por SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA FELICIANO IBARRA, dirigida a LLOYD AVIATION, por concepto de transporte de un helicóptero desde la vía Coposa hasta el Aeropuerto de Barquisimeto

Promovió la prueba de exhibición del informe de ajuste de pérdidas, practicado por el ciudadano Otto Hohn...”.

La recurrida ciertamente sólo se limitó a mencionar las pruebas documentales promovidas por la actora, sin entrar a analizarlas, pues no consta en todo el texto de la sentencia algún pronunciamiento del juez, bien para otorgarle mérito probatorio o para negárselos.

Por está razón, considera este Alto Tribunal que el ad quem infringió por falta de aplicación el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al abstenerse de examinar en la sentencia las pruebas señaladas con anterioridad, las cuales fueron promovidas correctamente por la hoy recurrente en casación. Así se decide.

En cuanto a los restantes documentos que igualmente denuncian los formalizantes como silenciados, encuentra la Sala que los mismos fueron producidos por la parte actora junto con los informes en primera instancia, y emanan, el primero de ellos, de la Dirección General de Aeropuertos de la Gobernación del estado Zulia; el segundo, de la Dirección de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y el tercero, del Aeropuerto Internacional “Jacinto Lara” de la ciudad de Barquisimeto, a través de los cuales consta, respectivamente, el permiso de aterrizaje y despegue de la aeronave el día 27 de abril de 1993, la solicitud y autorización del permiso de vuelo expedido el día 10 de junio de 1993, y el permiso de vuelo expedido por el Aeropuerto de Barquisimeto el día 10 de junio de 1993.

Considera este Alto Tribunal, que por tratarse los referidos instrumentos de documentos administrativos que fueron promovidos en la oportunidad de presentar informes y no en el lapso probatorio ordinario conforme al criterio sentado por esta Sala en fallo de 16 de mayo de 2003 (caso: Henry José Parra contra Rubén Gilberto Ruiz Bermúdez y otros), la infracción del citado artículo 509, derivada de silencio de dichas pruebas, en nada cambiaría el dispositivo del fallo.

En efecto, la Sala estableció en sentencia de fecha 16 de mayo 2003, Caso: Henry José Parra Velásquez c/ Rubén Gilberto Ruiz Bermúdez, que los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etcétera), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etcétera), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de de Procedimientos Administrativos, y por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario.

Si bien los documentos públicos administrativos son dictados por funcionarios en el ejercicio de sus funciones y en la forma exigida en la ley, no son documentos públicos, sino una categoría distinta, por existir entre ellos diferencias, pues el documento público se caracteriza por ser autorizado y presenciado con las solemnidades legales, por un registrador, juez u otro funcionario o empleado público, que tenga facultades para dar fe pública; el segundo, es redactado por las partes interesadas y posteriormente es firmado ante un funcionario público, o reconocido ante aquél y, por ende, existe certeza legal de su autoría. Por último, los documentos administrativos emanan de funcionarios en el ejercicio de sus funciones, con el propósito de documentar las manifestaciones de voluntad o de certeza jurídica del órgano administrativo que la emite, los cuales gozan de la presunción de veracidad y certeza, y admiten prueba en contrario. (Sent. 14/10/04, Corporación Coleco, C.A. c/ Inversiones Patricelli, C.A.).

Es claro, pues, que a pesar de que el documento público y el documento administrativo gozan de autenticidad desde el mismo momento en que se forman, la cual emana del funcionario público que interviene en el acto, los documentos administrativos no se asimilan completamente a los públicos, por cuanto gozan de la presunción de certeza y veracidad, que puede ser desvirtuada por la parte en el juicio mediante prueba o pruebas en contrario, que deben ser incorporadas en el proceso en cumplimiento de las formas procesales establecidas en la ley, con el propósito de que los no promoventes puedan ejercer sobre éstas un efectivo control y contradicción.

Por esa razón, la Sala ha establecido de forma reiterada que los documentos administrativos sólo pueden ser consignados en el lapso probatorio y no en cualquier grado y estado de la causa y hasta los últimos informes como ocurre con los documentos públicos, que sólo pueden ser destruidos a través de la tacha o por simulación. (Ver, entre otras, Sentencia del 20 de octubre de 2004, Caso: Inversiones Gha, C.A. c/ Licorería del Norte C.A.).

Por lo expresado, la Sala establece que si bien el juez de alzada no examinó los referidos documentos administrativos, ese error no es determinante en el dispositivo del fallo, por cuanto esa prueba en definitiva no podía ser apreciada por existir una razón de derecho que impide su apreciación, el hecho de que fueron promovidas de forma extemporánea y, por ende, incorporadas de forma irregular al proceso.

En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala declara la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento, respecto de las otras pruebas que no fueron examinadas por el juez de alzada, plenamente identificadas en el contenido de esta denuncia. Así se establece.

D E C I S I Ó N

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de octubre de 2002. En consecuencia, se ordena al juez superior que resulte competente dictar nueva sentencia, sin cometer los errores de derecho declarados en la presente decisión.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil cuatro. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

Presidente de la Sala,

_______________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Vicepresidenta-Temporal y

Ponente

________________________________

ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

Magistrado,

________________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrada,

_________________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

Magistrado,

___________________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

Secretario,

_______________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

AA20-C-2002-000986

El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente “voto salvado” al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:

Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba, enmarcada en la tercera denuncia por infracción de ley.
En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.
Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, en un todo conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem.
Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidente de la Sala,

_______________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ
Vicepresidenta-Temporal y

Ponente
________________________________

ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO
Magistrado,
________________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrada,

_________________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA
Magistrado,
_________________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

Secretario,
_____________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

AA20-C-2002-000986